Los cubanos podrán tener
hasta dos casas
Cuba tiene exactamente la misma población que Grecia: 11.2 millones de habitantes. Pero no es ese el único nexo entre dos naciones diametralmente opuestas. Ambas están al borde de la bancarrota y necesitadas de unas reformas draconianas que en el caso cubano suponen el desmantelamiento efectivo del comunismo como sistema económico
El último paso, autorizar la compraventa de viviendas entre cubanos y extranjeros residentes en la isla. El principal pilar de la propiedad privada, prohibido durante décadas, pasará el próximo 10 de noviembre a ser legal.
Un simple recorrido por Centro Habana, el derruido Partenón cubano, basta para comprender el porqué de esta medida. La desidia de los inquilinos en adecentar unas viviendas sobre las que hasta ahora no tenían la propiedad efectiva, los continuos destrozos causados por los huracanes y el temor a que cualquier reforma llamara la atención de los agentes que el Partido Comunista tiene en todas partes convirtieron esta zona en particular en la máxima expresión del régimen castrista: la ruina de la que cuelgan marañas de cables de luz sobre edificios desconchados que anunciarían un derrumbe inminente en cualquier otra parte del globo.
«El objetivo es anunciar falsas señales de cambio para entretener a los cubanos y, sobre todo, a la comunidad internacional, que siempre recibe de buen grado cualquier señal de aparente apertura», asegura a LA RAZÓN Elizardo Sánchez, responsable de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. «Es ridículo. Sólo Corea del Norte y Cuba no permitían esta actividad. Durante décadas, el Gobierno explotó el fondo habitacional para sus fines, reservándose para sí el mejor capital inmobiliario de Cuba. Lo que queda son ruinas», añade.
El propio régimen castrista refleja en sus datos oficiales que el 50% de las viviendas de la isla están en mal estado y 8.5 de cada diez edificios necesitan reparaciones urgentes. El déficit habitacional se estima en unas 600,000 viviendas como consecuencia de los destrozos causados por los sucesivos huracanes y del incumplimiento de los planes de construcción estatales tras dos décadas de colapso económico.
Los cubanos podrán disponer de un máximo de dos propiedades, una en la ciudad y otra en la playa o el campo. El impuesto de compraventa será del 8% del valor de la misma, pagado a partes iguales por comprador y vendedor. En caso de intercambio de viviendas, el impuesto será del 4% del valor de cada propiedad.
La medida –que tendrá limitaciones en zonas turísticas– llega después de se legalizara en octubre la compraventa de vehículos. «Hay que ver si se limitan las transacciones como las de vehículos. En ese caso, se autoriza la compraventa de autos viejos; los nuevos, los controla el Estado. Los coches nuevos no se pueden comprar con dinero del exterior. Si eso se mantiene con las viviendas, no servirá de nada», explica el economista disidente Óscar Espinosa. «Si no entra dinero de fuera, el ciudadano común no podrá comprar nada», remarca.
Reproducido de La Razón, Madrid
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