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La Posición [de sentido] ComúnVicente Echerri
El Nuevo Herald
La excarcelación de un grupo de presos políticos cubanos y el anuncio de que el resto de los que fueron arbitrariamente condenados en marzo de 2003 serán liberados en los próximos meses han sido comentados --por algunos de sus gestores e incluso de sus beneficiarios-- con cuestionable desmesura.
En una entrevista para El País de Madrid, Héctor Palacios, condenado a 25 años de prisión en la llamada ``primavera negra'' y quien disfruta de ``licencia extrapenal'' desde hace tres años, ha dicho que la última movida del castrismo es ``el paso más serio que ha dado el gobierno en los últimos 50 años''. Palacios se hacía eco de las palabras de Miguel Angel Moratinos, ministro de Relaciones Exteriores de España, al decir también que ``no había razón para mantener la Posición Común'' de la Unión Europea frente a Cuba.
Analistas, comentaristas y políticos de diverso pelaje han estado repitiendo como un mantra en los últimos días estas opiniones que revelan ligereza, desinformación e insensibilidad respecto a la cuestión cubana.
La Posición Común, adoptada por la Unión Europea el 2 de diciembre de 1996, no tiene ninguna relación con los procesos de la ``primavera negra'' a la que antecede por más de seis años, sino con el carácter sistémico del régimen cubano (al que los miembros de la UE instan, en el artículo 1 de ese documento, ``a un proceso de transición hacia una democracia pluralista y al respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales'') y con la ley Helms-Burton, que había sido aprobada meses antes, en marzo de 1996, en reacción al derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate.
La ley Helms-Burton --y específicamente su Título III, que penaba a las compañías de cualquier país del mundo que hicieran negocios con empresas que hubieran sido confiscadas en Cuba a propietarios norteamericanos-- produjo una reacción negativa en el ámbito internacional, y particularmente en Europa, donde fue denunciada como una violación de Estados Unidos a la libertad de comercio.
En los meses que siguieron, el gobierno del entonces presidente Clinton se mostró sensible a esas críticas de sus amigos y aliados europeos, a los que debe haber prometido, tácita o explícitamente, que no pondría en vigor los artículos más polémicos de la ley si, por su parte, la Unión Europea mostraba una actitud más rigurosa y crítica frente al castrismo. La Posición Común fue el resultado de ese compromiso.
Luego, con todas las atenuaciones que se quieran, la Posición Común es una versión del embargo norteamericano, la contraparte europea de la Helms-Burton, que coincide con ésta en el objetivo de la democratización de Cuba; es decir, en la necesidad de que el gobierno de ese país dé pasos concretos hacia el restablecimiento de las libertades de reunión, de asociación, de prensa, etc., como medida previa, desde luego, a la celebración de elecciones democráticas y multipartidistas.
En este cuadro, la excarcelación de unos cuantos presos políticos, por mediación de un canciller obsecuente y un cura servicial, no tendría por qué convertirse en argumento fundamental para la variación de una política de bloque frente a una entidad tan poco fiable y respetable como el régimen cubano, sin incurrir, por parte de quien la proponga, en una muestra de ignorancia o malicia, en un acto de frivolidad o apañamiento.
Mucho más serio, importante y dramático que este indulto, fue el que se produjo hace poco más de treinta años, cuando --como resultado de conversaciones con cubanos del exilio y, sobre todo, con funcionarios del gobierno de Carter-- se liberaron a miles de presos políticos, que luego tuvieron la oportunidad de emigrar. Sin embargo, eso no constituyó una alteración esencial en la naturaleza represiva del castrismo, ni una señal de que éste se encaminaba a hacer cambios significativos para el regreso de la democracia que ameritaran una variación en la política cubana de Estados Unidos.
El ``gesto'', o el guiño, que ahora pretende hacérsele a la Unión Europea con estas liberaciones es realmente insignificante y cosmético y sólo consigue devolver la situación de Cuba al status quo ante de la primavera negra, en que las organizaciones disidentes, así como los periodistas y bibliotecarios independientes, habían logrado alcanzar una cierta relevancia en medio del acoso oficial y de la tradicional asfixia que ha vivido la sociedad cubana bajo la tiranía castrista, sin que hubiera ninguna señal de parte del Estado hacia una apertura democrática. Ahora tampoco la hay.
Esto lo han visto con claridad algunos de los propios excarcelados, como Normando Hernández González y Omar Rodríguez Saludes, quienes a su llegada ayer a Madrid le pidieron a la Unión Europea que no abandonara la Posición Común, e incluso han solicitado comparecer ante la Eurocámara para explicar la ``realidad'' de Cuba antes de que el organismo debata un cambio de política hacia la Isla. Como solía decir el difunto senador Jesse Helms, al castrismo no hay que lanzarle salvavidas, sino un ancla, para que se hunda.
(C) Echerri 2010
El Nuevo Herald
La excarcelación de un grupo de presos políticos cubanos y el anuncio de que el resto de los que fueron arbitrariamente condenados en marzo de 2003 serán liberados en los próximos meses han sido comentados --por algunos de sus gestores e incluso de sus beneficiarios-- con cuestionable desmesura.
En una entrevista para El País de Madrid, Héctor Palacios, condenado a 25 años de prisión en la llamada ``primavera negra'' y quien disfruta de ``licencia extrapenal'' desde hace tres años, ha dicho que la última movida del castrismo es ``el paso más serio que ha dado el gobierno en los últimos 50 años''. Palacios se hacía eco de las palabras de Miguel Angel Moratinos, ministro de Relaciones Exteriores de España, al decir también que ``no había razón para mantener la Posición Común'' de la Unión Europea frente a Cuba.
Analistas, comentaristas y políticos de diverso pelaje han estado repitiendo como un mantra en los últimos días estas opiniones que revelan ligereza, desinformación e insensibilidad respecto a la cuestión cubana.
La Posición Común, adoptada por la Unión Europea el 2 de diciembre de 1996, no tiene ninguna relación con los procesos de la ``primavera negra'' a la que antecede por más de seis años, sino con el carácter sistémico del régimen cubano (al que los miembros de la UE instan, en el artículo 1 de ese documento, ``a un proceso de transición hacia una democracia pluralista y al respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales'') y con la ley Helms-Burton, que había sido aprobada meses antes, en marzo de 1996, en reacción al derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate.
La ley Helms-Burton --y específicamente su Título III, que penaba a las compañías de cualquier país del mundo que hicieran negocios con empresas que hubieran sido confiscadas en Cuba a propietarios norteamericanos-- produjo una reacción negativa en el ámbito internacional, y particularmente en Europa, donde fue denunciada como una violación de Estados Unidos a la libertad de comercio.
En los meses que siguieron, el gobierno del entonces presidente Clinton se mostró sensible a esas críticas de sus amigos y aliados europeos, a los que debe haber prometido, tácita o explícitamente, que no pondría en vigor los artículos más polémicos de la ley si, por su parte, la Unión Europea mostraba una actitud más rigurosa y crítica frente al castrismo. La Posición Común fue el resultado de ese compromiso.
Luego, con todas las atenuaciones que se quieran, la Posición Común es una versión del embargo norteamericano, la contraparte europea de la Helms-Burton, que coincide con ésta en el objetivo de la democratización de Cuba; es decir, en la necesidad de que el gobierno de ese país dé pasos concretos hacia el restablecimiento de las libertades de reunión, de asociación, de prensa, etc., como medida previa, desde luego, a la celebración de elecciones democráticas y multipartidistas.
En este cuadro, la excarcelación de unos cuantos presos políticos, por mediación de un canciller obsecuente y un cura servicial, no tendría por qué convertirse en argumento fundamental para la variación de una política de bloque frente a una entidad tan poco fiable y respetable como el régimen cubano, sin incurrir, por parte de quien la proponga, en una muestra de ignorancia o malicia, en un acto de frivolidad o apañamiento.
Mucho más serio, importante y dramático que este indulto, fue el que se produjo hace poco más de treinta años, cuando --como resultado de conversaciones con cubanos del exilio y, sobre todo, con funcionarios del gobierno de Carter-- se liberaron a miles de presos políticos, que luego tuvieron la oportunidad de emigrar. Sin embargo, eso no constituyó una alteración esencial en la naturaleza represiva del castrismo, ni una señal de que éste se encaminaba a hacer cambios significativos para el regreso de la democracia que ameritaran una variación en la política cubana de Estados Unidos.
El ``gesto'', o el guiño, que ahora pretende hacérsele a la Unión Europea con estas liberaciones es realmente insignificante y cosmético y sólo consigue devolver la situación de Cuba al status quo ante de la primavera negra, en que las organizaciones disidentes, así como los periodistas y bibliotecarios independientes, habían logrado alcanzar una cierta relevancia en medio del acoso oficial y de la tradicional asfixia que ha vivido la sociedad cubana bajo la tiranía castrista, sin que hubiera ninguna señal de parte del Estado hacia una apertura democrática. Ahora tampoco la hay.
Esto lo han visto con claridad algunos de los propios excarcelados, como Normando Hernández González y Omar Rodríguez Saludes, quienes a su llegada ayer a Madrid le pidieron a la Unión Europea que no abandonara la Posición Común, e incluso han solicitado comparecer ante la Eurocámara para explicar la ``realidad'' de Cuba antes de que el organismo debata un cambio de política hacia la Isla. Como solía decir el difunto senador Jesse Helms, al castrismo no hay que lanzarle salvavidas, sino un ancla, para que se hunda.
(C) Echerri 2010
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