Perplejidades:
¿De qué tiene que arrepentirse Carromero?
Esperanza Aguirre
ABC, Madrid, 16/09/2013
Vayamos a los hechos: el 22 de julio de 2012, en
un accidente de tráfico en una carretera de Cuba, mueren los disidentes cubanos
Oswaldo Payá y Harold Cepero.
El coche donde viajaban los dos políticos cubanos lo conducía el militante de
las Nuevas Generaciones del Partido Popular de Madrid Ángel Carromero,
que sufrió heridas no muy graves y al que las autoridades de la dictadura
cubana detuvieron inmediatamente.
De acuerdo
con las prácticas habituales en las dictaduras -y es muy triste tener que
recordar a los españoles que la cubana es una de las dictaduras más criminales
de la Historia-, las autoridades cubanas le obligan a grabar un vídeo en el
que, con voz temblorosa (no es para menos cuando estás preso en un régimen en
el que la vida de las personas -sobre todo si no son del Partido- no vale nada)
y mirada perdida, Carromero se autoinculpa de haber cometido infracciones de
tráfico y da por buena la versión del accidente de los castristas.
A las pocas
semanas se celebra el «Juicio Popular» contra el joven español y es condenado a
cuatro años de cárcel por el delito de homicidio imprudente. Excuso decir las
nulas garantías que rodean ese juicio. A día de hoy las autoridades cubanas
siguen negándose a entregar la autopsia a la viuda de Oswaldo payá, Ofelia
Acevedo.
Las
gestiones del Gobierno español, al amparo de un Convenio entre Cuba y España
sobre ejecución de sentencias penales firmado en 1998, consiguen que Carromero
sea trasladado a una cárcel española, la de Segovia, el 29 de diciembre de
2012. Tras un mes en la cárcel española, a Carromero se le concede el tercer
grado, por lo que se le permite salir con una pulsera que le mantiene
permanentemente localizado y teniendo que ir a dormir a la cárcel.
Hasta aquí
ya hay motivos más que suficientes para estar preocupados por la sumisión que
la dictadura comunista cubana impone a la democracia liberal española. Porque
reconocer como buenas las versiones de ese accidente que da una dictadura
sanguinaria como la cubana es mucho reconocer.
Hay que
tener en cuenta que ese accidente ha tenido una especial repercusión en Cuba,
pues Oswaldo Payá era uno de los disidentes más prestigiosos, si no el más, y
todo el mundo estaba convencido de que sería un hombre clave en el proceso de
transición a la democracia que, antes o después, tendrá que afrontar esa
república hermana. Pero lo que ya resulta mucho menos comprensible para las
personas que creemos en la necesidad de luchar contra las dictaduras en la
medida de nuestras posibilidades y de reconocerles la menor legitimidad posible
son las dos últimas actuaciones de la Audiencia Nacional española en relación
con este caso.
Primero ha
sido el informe de la Audiencia oponiéndose a que el Gobierno concediera el
indulto a Carromero, que había solicitado la familia de Oswaldo Payá,
acogiéndose al artículo 13 de ese Convenio entre Cuba y España que expresamente
permite que cada parte pueda conceder indultos, amnistías o conmutaciones de
pena. La Audiencia, para oponerse al indulto, argumenta que Carromero tenía
seis multas de tráfico y que no muestra arrepentimiento.
¿De qué tiene que
arrepentirse Carromero? ¿De haber ido a Cuba a mostrar su apoyo y solidaridad a
un heroico disidente que luchaba por la libertad frente a un régimen despótico,
como han hecho dos docenas de diputados del Congreso? ¿De haber tenido un
accidente, que nadie ha investigado, en el que, curiosamente y como suele
ocurrir en las dictaduras comunistas, mueren de forma inexplicada dos
opositores que resultan molestos al régimen?
Si esta
actuación de la Audiencia Nacional suscita la perplejidad, aún más la suscita
el rechazo de la Fiscalía a admitir a trámite la querella presentada por la familia
de Oswaldo Payá contra dos mandos del Ejército cubano por la muerte del
disidente. Porque, y esto es muy importante, Payá, aparte de haber sido premio
Sajarov del Parlamento Europeo a los Derechos Humanos, resulta que era
ciudadano español.
Y la misma Audiencia que ha mostrado frecuentemente, y me
parece muy bien, interés por encausar a los responsables de la desaparición de
ciudadanos de origen español en las dictaduras del cono sur en los años
setenta, ahora da por buena la versión de la dictadura castrista y le dice a la
viuda y a los hijos del español Payá que España, su patria, no va a hacer nada
por averiguar qué ha pasado en la extraña muerte de su marido y padre.
Estas dos
resoluciones están, como tantas veces en los asuntos judiciales, aderezadas con
todo tipo de razonamientos que, en el fondo, sólo demuestran que España
reconoce a Cuba como si fuera un país normal en el que rige el estado de
derecho y las garantías procesales para los penados. Se podría aceptar ese
reconocimiento si sirviera para mejorar la situación de aquellos españoles que
encausa el régimen cubano por delitos comunes.
Pero resulta absolutamente
incomprensible que España acepte los razonamientos de ese régimen cuando se
trata de un caso en el que han muerto dos destacados opositores al régimen, uno
de ellos español de nacionalidad, y cuando las explicaciones de las
circunstancias de su muerte son claramente insuficientes.
En España
tenemos que aprender que, ante los totalitarios, el appeasement
(apaciguamiento) con los dictadores, como muy bien nos ha demostrado la
Historia desde Múnich en 1938 con el pobre Chamberlain de tonto inútil, no
sirve para nada, y que la única forma eficaz de defender los intereses de los
españoles y de la libertad frente a esas dictaduras es plantarles cara.
Foto: Efe
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