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Ataques a la religión

- Editorial de La Razón, Madrid

En los últimos meses, algunos sectores de la izquierda más trasnochada están protagonizando preocupantes ataques contra la religión católica. El pasado 10 de marzo, más de 50 personas entraron en la capilla de la Complutense y corearon consignas contra la Iglesia, además de que algunas de las asistentes se desnudaron de cintura para arriba. Pocos días después, el Teatro Nacional de Cataluña estrenó «Gang Bang», una obra de ínfima calidad  que situaba a sus personajes en una sauna gay cercana a la Sagrada Familia y a pocas horas de que Benedicto XVI consagrase el templo; los insultos a lo católico  abundan: un hombre cercano al Vaticano pacta una noche de sexo con otro varón, una catequista lleva en bolsas de basura un cáliz y una cruz de Sant Jordi.  Mientras, el actor Leo Bassi era imputado por un juzgado de Valladolid por delitos contra los sentimientos religiosos, injurias y calumnias cometidos durante un espectáculo en el que parodiaba a Juan Pablo II y «consagraba» preservativos. 

En el ámbito político, hubo un maquiavélico intento frustrado, por ridículo, impulsado por el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha de sustituir el término «vacaciones de Semana Santa» por «Descanso entre segundo y tercer trimestre». El penúltimo insulto a los católicos podría llegar el próximo Jueves Santo, si se celebra en Madrid, y ésa es la intención de los convocantes, una procesión atea que no pretende otra cosa que provocar e insultar con pasos denominados de forma tan hiriente como la «hermandad de la santa pedofilia» o «la cofradía del papa del santo latrocinio». 

No conviene relativizar ni tachar estos actos contra la Iglesia como anecdóticos por cuanto, aun siendo España un Estado aconfesional, son claramente anticonstitucionales, ya que en el artículo 16.1 de nuestra Constitución se garantiza la libertad ideológica y religiosa y de culto de los ciudadanos y las comunidades. Los españoles, les guste o no a estos profesionales de la ofensa y el escarnio, son mayoritariamente católicos, como se demuestra cuando un 71% de los alumnos –más de tres millones– eligen voluntariamente cursar Religión católica. Parece que una parte de la izquierda sigue enquistada en una de las características más significativas de la II República que dice mucho de su déficit democrático: el hostigamiento y la persecución de la Iglesia y los católicos o, dicho de otra manera, el desalojo del cristianismo y sus instituciones de la sociedad. 

Evidentemente, no se está reproduciendo con la misma virulencia y trágicas consecuencias de hace 80 años. Sin embargo, el sarpullido anticlerical y antirreligioso existe. Prueba de ello son estas algaradas incívicas y pseudoartísticas que reciben el aplauso y la connivencia de algunos, incluso desde los ámbitos académicos, culturales y políticos, que jalean estas iniciativas amparándose en la libertad de expresión para justificar el insulto, puesto que entra en colisión con la libertad ideológica y religiosa de la inmensa mayoría.  El poder político y la Justicia deben aplicar la Ley e impedir cualquier acto excluyente en el que se ridiculicen y ataquen las creencias de todos y cada uno de los españoles sin excepción.