ONU pide explicaciones a La Habana
por la muerte de Wilman Villar Mendoza
y Juan Wilfredo Soto García
Agencias, Ginebra | 22/05/2012
El Comité de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) que vigila el cumplimiento de la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, pidió cuentas
al Gobierno cubano por las 2.400 detenciones practicadas en 2012. La solicitud
del Comité fue realizada en la primera jornada de la comparecencia de Cuba ante
este órgano este martes en Ginebra, reportó la AFP.
“Tenemos denuncias de 2.400
detenciones en 2012, de las cuales 420 se produjeron el pasado mes de marzo.
Serían detenciones de corta duración y queremos que Cuba aclare todos los
casos”, precisó Nora Sveaass, una de los diez expertos independientes de
diferentes nacionalidades que componen este Comité y quien evocó el tema
durante la audiencia.
Sveaass pidió también al
régimen cubano que aclare la muerte del disidente cubano Wilman Villar Mendoza,
condenado a cuatro años de cárcel, quien murió el 21 de enero de 2012 tras 50 días
de huelga de hambre en la ciudad de Santiago de Cuba.
El experto español Fernando
Mariño Menéndez, que comparte con Sveaass la relatoría del Comité en la
comparecencia de La Habana, quiso saber también las causas de la muerte del
opositor Juan Wilfredo Soto García el 7 de mayo de 2011, si sufrió violencia
física y si existe una investigación oficial.
El embajador de Cuba en
Ginebra, Rodolfo Reyes, indicó al final del debate de este martes que el
miércoles, en la segunda jornada reservada por el Comité al Gobierno cubano, se
presentarían las respuestas a todos los casos.
Durante las discusiones, el
vicefiscal general de Cuba, Rafael Pino Bécquer, dijo que entre los años 2007 y
2011 fueron atendidas 263 denuncias por malos tratos en lugares de detención, en
razón de lo cual “resultaron penalmente responsables 46 agentes de las fuerzas
del orden”.
En el papel, el experto
senegalés Abdulaye Gaye criticó que la tortura no sea una infracción autónoma
en el Código Penal de Cuba, que haya detenciones de carácter indefinido, sin
plazos máximos, y requirió a la delegación de Cuba le informe si un detenido
puede elegir a un médico para que lo examine.
Por su parte, el japonés George
Tugushi manifestó que la situación en las cárceles de la Isla es de
hacinamiento, malnutrición, mala higiene y propagación de enfermedades, en las
que se propinan palizas a los que protestan y se fuerza al exilio a detenidos.
Según la agencia española Efe,
en sus preguntas a Cuba, el Comité alude a la situación de los activistas de
derechos humanos, que según el vicefiscal cubano no “pueden ser calificados
bajo ese concepto, según los preceptos de la ONU”, porque sus acciones “buscan
destruir el orden interno de Cuba (…) al servicio y bajo la orientación de una
potencia extranjera”.
“En Cuba, los auténticos
defensores de los derechos humanos son protegidos”, declaró el vicefiscal,
quien agregó: “Nadie en nuestro país ha sido perseguido o sancionado por
ejercer sus derechos, incluidos los de libre expresión y asociación”.
Sobre la asistencia de los
presos que se han declarado en huelga de hambre, Pino aseguró que “se les
brinda la mejor asistencia médica”, al igual que al resto de personas privadas
de libertad.
El Comité pidió a La Habana
datos sobre las muertes ocurridas en detención e información detallada sobre
las investigaciones de esos fallecimientos y las medidas para prevenir
suicidios.
También pidió conocer los
protocolos establecidos para el tratamiento de los detenidos en huelga de
hambre y las medidas tomadas en los casos de Orlando Zapata Tamayo (fallecido
en 2010), Guillermo Fariñas, Darsi Ferrer, Franklin Peregrino, José Ubaldo
Izquierdo, Juan Bermúdez, Iris Támara Pérez Aguilera, Jorge Luis García Pérez
(Antúnez), Diosiris Santana Pérez y Segundo Rey Cabrera González.
Igualmente, se pidieron datos
sobre “la información de la que dispone el Comité de que Yordani Martínez y
David Piloto habrían sido esposados y golpeados (…) en la cárcel de Valle
Grande como represalia por su declaración de huelga de hambre en mayo de 2011”.
Los integrantes del Comité
preguntaron además sobre las presuntas agresiones y acoso contra Reina Luisa
Tamayo tras la muerte de su hijo, Orlando Zapata Tamayo, contra las Damas de
Blanco y contra los blogueros críticos Yoani Sánchez y Orlando Luis Pardo Lazo.
El Comité contra la Tortura
pidió también aclaraciones sobre las presuntas agresiones de la policía durante
una manifestación pacífica en Sancti Spíritus en febrero de 2008; contra
Alexandre Santos Hernández en Holguín por ocho miembros de una “brigada de
respuesta rápida”; y contra los familiares del periodista Raymundo Perdigón
Brito a la salida del juicio en el que este fue condenando por “peligrosidad”
en diciembre de 2006.
Sobre la reforma del Código
Penal que tramita la Asamblea Nacional, los miembros del Comité contra la
Tortura instaron a incluir una tipificación del delito de tortura y a eliminar
de manera efectiva la pena de muerte.
El presidente del Comité, el
chileno Claudio Grossman, expresó su inquietud por la “amplitud y vaguedad” de
delitos que comportan en Cuba la pena de muerte y pidió al Gobierno que
convierta la moratoria de facto en vigor desde 2003 en una abolición.
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